El Estado Profundo en México

El 24 de mayo de 2011, Manssor Arbabsiar, el primo estadounidense de un alto funcionario de las Fuerzas Especiales Qods de la Guardia Revolucionaria de Irán, sostuvo una reunión en México con un presunto narcotraficante.

El motivo del encuentro fue contratar los servicios de un cártel mexicano para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos.

El ataque se planeó como un atentado terrorista con explosivos C-4 en un restaurante que el funcionario saudí frecuentaba en Washington y que tendría como daño colateral la muerte de cientos de personas, incluidos varios senadores estadounidenses.

Arbabsiar viajó a México para reunirse con el presunto narcotraficante al menos en cuatro ocasiones entre mayo y julio de 2011. El 14 de julio de ese año acordó con el supuesto representante del cártel mexicano pagar 100 mil dólares de adelanto por el trabajo.

El 1° de agosto y el 9 de agosto de 2011, Arbabsiar realizó transferencias bancarias internacionales para enviar el dinero en señal de trato.

El servicio completo, que sería liquidado después del asesinato del embajador de Arabia Saudita, tendría un precio de 1.5 millones de dólares.

Sin embargo, el cártel mexicano exigía la presencia física de Arbabsiar como colateral del pago restante. El 28 de septiembre de 2011, Arbabsiar tomó un vuelo de Estados Unidos a México, pero nunca más volvió a pisar territorio mexicano.

Las autoridades mexicanas lo devolvieron bajo custodia al Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde fue arrestado por el gobierno de Estados Unidos.

En realidad, el presunto narcotraficante que fue contratado para asesinar al embajador saudí era un informante de la DEA y los 100 mil dólares que Arbabsiar envió al cártel mexicano fueron transferidos a la cuenta de una empresa fachada propiedad del FBI.

Arbabsiar y un co-conspirador de las Fuerzas Especiales Qod de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron procesados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo cargos de conspiración para asesinar a un funcionario extranjero, conspiración para utilizar armas de destrucción masiva y conspiración para cometer un acto de terrorismo internacional.

La principal arquitecta de esta operación fue Lisa Monaco, la entonces subprocuradora de Seguridad Nacional en el Departamento de Justicia en la administración del presidente demócrata Barack Obama.

El caso Arbabsiar puso de relieve la profundidad del conocimiento del aparato de inteligencia estadounidense en la escena criminal mexicana.

Un año y medio después, Monaco se convirtió en la asesora de Seguridad Interior y Contraterrorismo de la Casa Blanca y se mantuvo en esa posición hasta el fin de la administración Obama en 2017.

Hoy, en el gobierno de Joe Biden, Lisa Monaco es la segunda funcionaria de mayor rango en el Departamento de Justicia y lidera, junto a Elizabeth Sherwood-Randall -quien es la actual asesora de Seguridad Interior y Contraterrorismo de la Casa Blanca-, la implementación de la política de seguridad nacional en relación a México y en relación al combate del tráfico de fentanilo.

Monaco y Sherwood-Randall dirigieron las reuniones en Washington a las que fueron convocados los titulares de todas las agencias de inteligencia y seguridad nacional del Estado mexicano, incluidos el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda; el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Zapata; y el fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Monaco y Sherwood-Randall consiguieron lo que nunca antes había sido posible en la historia de la relación bilateral: sentar a todo el aparato de seguridad nacional mexicano para establecer nuevas condiciones de la guerra contra las drogas.

Un día después de esta reunión de trabajo, el 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia, la OFAC del Departamento del Tesoro y la DEA anunciaron una nueva ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, específicamente contra la facción dominada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El gobierno estadounidense impuso sanciones financieras a empresas chinas de precursores químicos; reveló que el Cártel de ‘Los Chapitos’ estaba infiltrado al más alto nivel y describió su operación como el incipiente monopolio del tráfico de fentanilo en México.

En el 2021, se registraron 106,699 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, de acuerdo al Centro de Prevención y Control de Enfermedades. El gobierno estima que alrededor de dos tercios de estos fallecimientos son una función del abuso de fentanilo.

El uso de opiáceos sintéticos en Estados Unidos representa un grave problema de salud pública. El número de muertes por sobredosis se ha duplicado desde 2015 y representa una magnitud de veinte veces el número de sobredosis de la llamada epidemia del crack en la década los ochentas.

De acuerdo a un cálculo de Insight Crime basado en datos recopilados por la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra la organización de ‘Los Chapitos’, el mercado mayorista de fentanilo en Estados Unidos tiene un valor de 2,940 millones de dólares al año.

Las cifras ponen de relieve la magnitud del problema. El presidente Joe Biden designó a Lisa Monaco y a Elizabeth Sherwood-Randall como las funcionarias responsables de resolver la crisis del fentanilo.

Se trata de dos mujeres cuyas carreras son un sinónimo del llamado Estado Profundo norteamericano: la comunidad de seguridad nacional, inteligencia y justicia que durante décadas ha dominado tras bambalinas la escena política en Washington.

Lisa Monaco inició su carrera como asesora del entonces senador Joe Biden, en el poderoso Comité Judicial de la cámara alta en la década de los noventas. Durante el gobierno de Bill Clinton, fue asesora de la fiscal General Janet Reno. En la administración de George W. Bush fue nombrada fiscal del Distrito de Columbia, en donde fue parte importante del equipo de trabajo que desmanteló a Enron. También fue jefa de Oficina del FBI durante la gestión de Robert Mueller III y posteriormente fue designada subprocuradora de Seguridad Nacional durante el primer periodo del gobierno de Obama.

Elizabeth Sherwood-Randall también empezó su servicio público como asesora de política de defensa y política exterior para el entonces senador Joe Biden. El presidente Clinton la nombró responsable de la región Rusia y Ucrania en el Departamento de Estado. Con Barack Obama, primero fue asesora de seguridad nacional para asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional y después fue nombrada subsecretaria de Energía. Durante el periodo de transición del gobierno de Joe Biden, Sherwood-Randall fue considerada la primera opción para ser secretaria de Energía, pero finalmente le fue asignada la segunda posición más relevante en el Consejo de Seguridad Nacional.

Este año, Elizabeth Sherwood-Randall se ha reunido dos veces en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 9 de marzo de 2023, el motivo oficial de la reunión fue discutir políticas compartidas de combate al tráfico de fentanilo y al tráfico de armas.

Eso fue antes del quiebre en la relación bilateral, en el que López Obrador acusó al Pentágono de espionaje y a la DEA de filtrar información a la prensa contra su gobierno. El enojo del presidente mexicano fue desencadenado por el anuncio de la operación contra la organización de ‘Los Chapitos’.

La reunión del 2 de mayo de 2023 entre Sherwood-Randall y López Obrador fue mucho más asertiva. La funcionaria estadounidense le hizo saber al gobierno mexicano que el presidente Biden desplegará 1,500 tropas activas en la frontera.

Esto sucede a la decisión de finales de abril, en la que una orden ejecutiva de la Casa Blanca expandió las facultades del Pentágono para colaborar en el combate al tráfico de drogas.

La militarización de la frontera y el endurecimiento de la política de seguridad nacional en relación a México ya no es terreno exclusivo del ala radical del Partido Republicano, es la opción preferida de Lisa Monaco, Elizabeth Sherwood-Randall y el Estado Profundo norteamericano.