Lozoya, Ancira y AHMSA

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya realizó 54 viajes en el helicóptero oficial de Pemex a la Torre de Grupo Acerero del Norte, la compañía holding de Altos Hornos de México que preside el empresario Alonso Ancira Elizondo. La cercanía entre el director de la petrolera y el presidente de la acerera era total.

La relación se cristalizó en uno de los fraudes de más alto perfil del gobierno de Peña Nieto: la venta a Pemex de Agronitrogenados, una empresa chatarra propiedad de AHMSA que fue valuada en 216 millones de dólares como parte de un esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Paradójicamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, han tomado posturas radicalmente diferentes respecto al proceso judicial de Lozoya y al proceso judicial de Ancira. El contraste no podría ser mayor: el caso Agronitrogenados tendría que haber sido un emblema de la cruzada anticorrupción de la 4T; en cambio, se volvió una exhibición del fenómeno mexicano de justicia selectiva.

Emilio Lozoya está en la cárcel bajo la modalidad de prisión preventiva. Alonso Ancira está en San Antonio, Texas dirigiendo el proceso de reestructuración financiera de 900 millones de dólares de Altos Hornos de México, un mecanismo del cual depende el futuro de 17 mil trabajadores y la supervivencia económica de Monclova, Coahuila.

El futuro de Lozoya es incierto. El miércoles 19 de julio, un juez federal ratificó la prisión preventiva del ex director de Pemex y difirió la audiencia intermedia por el caso Agronitrogenados dado que la Unidad de Inteligencia Financiera elevó a 30 millones de dólares la cifra del acuerdo reparatorio para resarcir los daños del caso Agronitrogenados y el caso Odebrecht.

Fue una orden directa del titular de la UIF, Pablo Gómez, un funcionario que se ha convertido en un representante del presidente López Obrador en asuntos políticos y empresariales de alto perfil. Miguel Ontiveros, el coordinador de la defensa legal de Lozoya, calificó esta exigencia como una extorsión.

Durante meses, los abogados del ex director de Pemex negociaron un pago de 10 millones de dólares con el gobierno mexicano. La actual dirección jurídica de Petróleos Mexicanos  ha dejado claro que no tiene interés en algún acuerdo. Y a pesar de los esfuerzos de cabildeo del padre del imputado, Emilio Lozoya Thalmann, la Fiscalía General de la República no intervino en la negociación. En suma, el caso de Emilio Lozoya está completamente parado: no hay avance en el juicio, en la negociación, ni en la celebración de una audiencia intermedia para que se presenten las pruebas del caso.

Alonso Ancira ha recorrido un camino judicial diferente, más rápido y expedito. El presidente de Grupo Acerero del Norte fue liberado en agosto de 2021 del Reclusorio Norte como parte de la firma de un acuerdo reparatorio en el que Altos Hornos de México se comprometió a pagar 216 millones de dólares. A cambio de su libertad, Ancira hipotecó el futuro financiero de AHMSA, una compañía con pasivos por 900 millones de dólares cuya operación está suspendida por adeudos de alrededor de 5 mil millones de pesos con Pemex, CFE, el SAT e Infonavit.

La negociación fue gestionada por Julio Scherer, ex consejero jurídico de Presidencia, y se acordó que Ancira vendería sus acciones a uno de los principales acreedores de AHMSA, el empresario acerero de Monterrey, Julio Villarreal, presidente de Villacero y de Banca Afirme. La transacción nunca se concretó. Cuatro meses después, Scherer salió del gobierno y Villarreal se mantuvo al margen de la operación de Altos Hornos.

Alonso Ancira tiene secuestrado el proceso de reestructuración de AHMSA, de acuerdo a personas cercanas al asunto. Grupo Acerero del Norte firmó un memorándum de entendimiento con Argentem Creek Partners, un fondo de inversión que se comprometió a inyectar 200 millones de dólares de capital de trabajo para reanudar la operación de Altos Hornos. Esto no ha sucedido.

La posición oficial de AHMSA, en palabras de un funcionario cercano a Ancira, Francisco Orduña, es que el gobierno federal, en calidad de acreedor, no ha aceptado los términos de la reestructuración. Esto ha impedido a Argentem Creek Parteners encontrar financiamiento para la operación. El fondo de inversión asegura que existe un acuerdo previo para recibir recursos de la Tribu Tradicional Kickapoo de Texas y México.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la condición para que avance el proceso es que Ancira venda sus acciones. Este es el núcleo del problema. Un empresario con conocimiento del caso dijo a Código Magenta que Ancira tiene un acuerdo con Daniel Chapman, dueño del fondo Argentem Creek Parteners, para mantener un control indirecto del proceso de reestructuración.

En febrero, miembros de la familia Ancira, de la familia Autrey y directivos vinculados a Grupo Acerero del Norte dimitieron al Consejo de Administración de AHMSA como parte del memorándum de entendimiento firmado con Argentem. “El problema es que no se ha declarado la quiebra. Eso sacaría a Ancira del proceso”, dijo a Código Magenta el empresario en condición de anonimato. Agrega que existe la posibilidad de que el juez de quiebras esté cooptado por Ancira para defender los intereses de los accionistas actuales, cuyo capital tendría que ser liquidado para solventar la operación de la compañía.

El rescate de AHMSA, argumenta, tendría que estar en la limpia del capital, en la inyección de mil millones de dólares a través de una serie de acciones preferentes y la entrada de un jugador de alto perfil como Ternium.

La pasividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a esta situación resalta el grado de impunidad con el que ha operado Ancira y subraya el contraste con el caso judicial de Emilio Lozoya.

Tojil, una organización de la sociedad civil que hace activismo contra la impunidad judicial, denunció que el acuerdo reparatorio que permitió la liberación de Ancira fue ilegal e inconstitucional. El mecanismo de resolución judicial es inaplicable porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no incluye esta opción para los delitos que afectan el interés público. Ancira enfrentó cargos de operaciones con recursoso de procedencia ilícita.

La organización Tojil ha emitido un amicus curiae para advertir, también, sobre la posibilidad de que el caso Lozoya se resuelva por un acuerdo reparatorio, lo cual sería ilegal. No obstante, el gobierno mexicano parece haber entendido esta realidad jurídica. Lozoya seguirá en la cárcel bajo prisión preventiva.

El contraste Lozoya-Ancira exhibe cómo, incluso dentro de la élite, la justicia mexicana es selectiva y se rige bajo criterios políticos.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira comparten un origen de ascenso político vinculado al entorno de Carlos Salinas de Gortari, compartieron el poder en el sexenio de Enrique Peña Nieto, compartieron un vehículo de triangulación financiera en el paraíso las Islas Vírgenes, compartieron a España como destino de exilio e incluso compartieron, durante un periodo breve, la asesoría legal frente a la ofensiva judicial de la 4T. Pero, como suele suceder en la clase política mexicana, la complicidad se terminó.