El aborto de Aburto

Nadie entiende lo que está sucediendo con la insólita reapertura del Caso Colosio.

En mayo 2 de 2022, aquí en Código Magenta, dimos la primicia de que la investigación del magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia sería desempolvado luego de 27 años.

Considerado como caso cerrado desde 1994 y sentenciado Mario Aburto a 45 años, desde las entrañas del gobierno de la Cuarta Transformación se ordenó volver a abrir el expediente.

Y la Fiscalía General de la República designó a un nuevo fiscal especial -Abel Galván Gallardo- para que el caso fuera reabierto.

La intención era probar, de acuerdo a una queja de la Comisión de Derechos Humanos, que Aburto fue torturado aquel 24 de marzo de 1994 y que, por tanto, sus declaraciones eran inválidas al ser logradas bajo presión física.

Peor aún, que el caso que entonces fue atraído por la entonces Procuraduría General de la República se caía, porque se trataba de un asunto de un candidato, no de un funcionario, y que debió ser juzgado en el ámbito local, no federal, con penas más reducidas, lo que de corroborarse dejaría en libertad al presunto asesino para marzo de 2024.

En medio del escándalo por la reapertura del caso, que fue interpretada como una jugada política para inculpar a cuatro prominentes políticos priistas y usar el escándalo con fines electoreros, le fue otorgado un Amparo a Aburto, con lo que se abría la posibilidad de echar abajo la sentencia original y dictaminar la nueva, bajo las más recientes declaraciones del inculpado que cumple ya 27 años en prisión.

Pero todavía no se digería el sacudimiento político, cuando la misma Fiscalía General de la República -la que ordenó reabrir el caso- anunció que se estaba promoviendo otro Amparo para dejar sin efecto el original. El hecho fue interpretado como un aborto al nuevo caso de Aburto.

De acuerdo al comunicado, el Ministerio Público Federal notificó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que interpondrá ante la Corte un recurso de revisión contra la sentencia de Amparo que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión a Aburto, ordenándose dictar una nueva con base en el Código Penal de Baja California.

¿Cuál fue entonces la intención de la Fiscalía General de la República de reabrir el caso, promoverse un Amparo que se buscaría que fuera anulado por uno nuevo que echara por tierra el originalmente promovido?

Lo que se transpira es una reversa de la Fiscalía General de la Nación para endosarle “la papa caliente” a la Suprema Corte de Justicia.  Que decidan los ministros, no la Fiscalía.

Esta tortuosa reapertura del Caso Colosio viene a sumarse a la larga lista de casos anunciados con gran estridencia por la Fiscalía General de la República, pero que no concluyeron con lo que se esperaba.

Para muestra, ahí están los atorados casos de Ayotzinapa, Emilio Lozoya, Alonso Ancira, Juan Collado, la liberación por falta de pruebas de Rosario Robles y la calientita exoneración de los cómplices de Miguel Ángel Osorio Chong, a su paso por Gobernación, en el intocable sexenio -mañaneramente  hablando- de Enrique Peña Nieto, por citar sólo algunos ejemplos.

En todos, el común denominador es una deficiente acusación, en ocasiones infundada, y las que tienen sustento, mal integradas para que se abran las rejas y se libere a los “inculpados”.

La reapertura del Caso Colosio solo viene a confirmar que el manejo selectivo y turbio de la justicia no corre por cuenta de los jueces, sino de aquellos que, desde las más altas esferas del poder, dan la consigna y luego se arrepienten. El aborto de Aburto es el mejor ejemplo.